Autora: Heidy, activista feminista e integrante de la Escuela Política Feminista

Desde la manipulación de fotos mediante inteligencia artificial hasta la presencia de cuentas de confesiones y grupos en redes sociales dedicados a compartir contenido explícito de estudiantes, la rápida evolución tecnológica ha propiciado nuevas formas de vulnerar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ante esta creciente problemática, surge una pregunta ineludible: ¿Cómo está respondiendo el Estado al ciberacoso en entornos educativos?

Desafíos de la Era digital

En la dinámica sociedad actual, las problemáticas digitales representan un desafío creciente, delineando una brecha entre las normativas presenciales y la influencia del mundo digital. El Estado, como ente regulador, debería asumir la crucial responsabilidad de adaptar y regular este nuevo espacio, fundamentalmente en los espacios educativos.

Indudablemente, las interacciones en el ámbito educativo están fuertemente vinculadas a la virtualidad. Las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales y otras plataformas forman parte integral de la rutina diaria de niñas, niños y, especialmente, adolescentes. Incluso, en la actualidad, el uso generalizado de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos está masificado, convirtiéndose en un medio significativo donde se manifiesta la violencia.

Según datos del portal SíSeve del Ministerio de Educación (Minedu), los casos de ciberbullying registrados en el 2023 casi duplican los reportados en 2022. Entre enero y julio del 2023, se documentaron 277 casos de acoso cibernético contra menores de edad, una cifra alarmante que supera significativamente los 142 casos registrados el año anterior.

Al trascender las fronteras físicas, las redes sociales generan conflictos que impactan en la seguridad, la salud mental, el rendimiento académico y la socialización de las y los estudiantes. La adopción de medidas inmediatas no solo protege, sino que redefine el significado del entorno educativo, transformándolo en un refugio donde idealmente la diversidad florece y la intimidación digital se desvanece. Por ello, es que la regulación del ciberacoso surge como una respuesta crucial para salvaguardar el bienestar de las y los estudiantes y preservar un ambiente educativo libre de temores, sentando las bases para un desarrollo integral y positivo en su formación.

Análisis de las leyes vigentes

En el ámbito de la legislación peruana, se han establecido normativas administrativas y penales para abordar situaciones de hostigamiento y acoso. Sin embargo, tras una revisión detallada, identifiqué diversas deficiencias en estas leyes.

A través de este análisis, busco evaluar la efectividad de estas normativas y su capacidad real para brindar una protección sólida frente a las amenazas y desafíos del entorno digital.

• Ley de Delitos Informáticos – Nº 30096 (2013)

Si bien esta legislación aborda un espectro amplio de delitos informáticos, adolece de disposiciones específicas para abordar el ciberacoso en espacios educativos. Es evidente que existe un vacío legal al no considerar los delitos cometidos entre actores vinculados a instituciones educativas.

• Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas – Nº 29719 (2011)

Aunque esta ley aborda la problemática del acoso escolar y la violencia entre estudiantes, resulta evidente la falta de énfasis en medidas preventivas, correctivas y sancionadoras relacionadas con el ciberacoso.

La ausencia de menciones específicas sobre capacitaciones destinadas a agentes clave del proceso de formación en la prevención de la violencia en línea, así como la carencia de protocolos claros y procedimientos específicos para abordar casos de ciberacoso, constituyen notorias deficiencias.

Una revisión al manual que se entrega, como una de las pocas medidas de prevención, revela una preocupante falta de relevancia asignada al ciberespacio.

Reconozco que, en el momento de la creación de estas leyes, los avances tecnológicos podrían no haber sido tan evidentes, pero hoy en día es

imperativo exigir la atención necesaria a estos aspectos.

La sociedad actual demanda una legislación que no solo se adapte a las circunstancias cambiantes, sino que también anticipe y aborde de manera integral los desafíos emergentes en el ámbito digital. La falta de respuestas específicas y el vacío legal frente a las amenazas cibernéticas que enfrentamos, especialmente las y los adolescentes y jóvenes en entornos educativos, son señales claras de la desatención estatal.

¡El Estado nos está fallando una vez más!

Ante esta problemática que nos afecta directamente, un grupo de adolescentes y jóvenes ha decidido alzar la voz en nombre de aquellas/os que no pueden hacerlo, ejerciendo nuestro derecho como ciudadanas/os comprometidas/os con el bienestar de nuestra sociedad. Las activistas de la “Escuela Política Feminista” de Quinta Ola presentamos con convicción el Proyecto de Ley que propone la creación del “Programa Nacional de Prevención y Atención al Ciberacoso contra Adolescentes y Jóvenes en Espacios Educativos”. Este proyecto busca otorgar la relevancia necesaria a los casos de acoso y bullying en el ciberespacio, brindando respuestas concretas para abordar esta problemática en el ámbito educativo, desde su prevención y atención.

Es imperativo que las autoridades pertinentes escuchen nuestras exigencias, recojan nuestras peticiones y cumplan su función como representantes del pueblo.

La regulación del ciberacoso es la respuesta que merecemos como estudiantes, un compromiso proactivo con nuestro bienestar y el legado de una educación sin miedo.

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📌 Este contenido se formuló y elaboró en el marco del programa Escuela Política Feminista, iniciativa desarrollada por Quinta Ola gracias al apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL) de la Embajada de Canadá.