Autora: Anabella, activista del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de Quinta Ola

El Perú atraviesa una crisis social y de seguridad marcada por el incremento de la violencia de género. A pesar de los avances históricos en normativas y mecanismos de protección para las mujeres, en los últimos años se han promovido iniciativas legislativas que retroceden en la garantía de nuestros derechos.

En primer lugar, en abril de 2024, el Congreso de la República aprobó, por insistencia, el Proyecto de Ley 3464, que elimina el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos. Esta ley modifica el artículo 4 de la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, estableciendo que “el uso de lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres” . Consideró que esta medida afecta la promoción de la igualdad de género en la educación.

En segundo lugar, en febrero de 2025, el gobierno anunció su intención de fusionar el MIMP con el MIDIS, creando el Ministerio de la Familia. Según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen, esta reestructuración busca relevar el papel de la mujer y hacer más eficiente el Estado. Sin embargo, exministras y organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a esta propuesta, argumentando que podría significar un retroceso en la atención especializada a las mujeres y en la protección de sus derechos.

Estas iniciativas y otros retrocesos normativos han generado preocupación entre diversos colectivos y especialistas, quienes advierten sobre posibles impactos negativos en la promoción y protección de los derechos de las mujeres en el país.

Impacto en la vida de las niñas

La realidad sigue siendo alarmante, las mujeres y niñas continúan siendo víctimas de feminicidios, violencia sexual y diversas formas de discriminación. La falta de acceso a la justicia, la precariedad económica y las brechas estructurales agravan esta situación, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas, donde el Estado sigue sin garantizar una protección efectiva y oportuna.

En enero de este año, la Defensoría del Pueblo reportó un preocupante aumento de feminicidios en los últimos tres años. En 2023, la cifra alcanzó los 150 casos. En 2024, se registraron 170 casos, de los cuales 10 corresponden a niñas y adolescentes; y tan solo en los primeros meses de 2025, se han registrado 54 feminicidios, el doble de los casos reportados en el mismo periodo del año anterior.

Entre 2022 y 2024, más de 450 mujeres fueron víctimas de feminicidio, lo que evidencia un problema estructural que no se está enfrentando con la urgencia necesaria. 

El impacto de esta violencia es aún más severo para las mujeres campesinas e indígenas que viven en zonas rurales. Las barreras geográficas, la precariedad económica, la discriminación estructural y el extractivismo las exponen a un riesgo aún mayor. A ello se suma el cambio climático, que afecta sus territorios y profundiza su vulnerabilidad.

Por otro lado, la violencia sexual contra niñas y adolescentes sigue siendo un problema invisibilizado. Muchas víctimas no denuncian, ya sea por miedo, falta de acceso a la justicia o por el estigma social. Sin embargo, los registros de la Policía Nacional del Perú muestran una realidad devastadora: cada día, en promedio, se denuncian 10 casos de violación contra niñas de entre 7 y 17 años. La situación es más crítica en comunidades indígenas y rurales, donde la pobreza y la marginación agravan la impunidad. Un caso emblemático es el de las comunidades nativas de Condorcanqui y Bagua, en el departamento de Amazonas, donde se han reportado al menos 524 casos de violaciones sexuales a niñas y adolescentes por parte de sus propios profesores, con el agravante del contagio de VIH.

La sociedad peruana ha reaccionado con gran indignación ante las denuncias de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún en el departamento de Amazonas. Aunque estas denuncias han sido realizadas desde 2010 por lideresas nativas, recién han adquirido resonancia nacional e internacional debido a declaraciones de dos ministros del actual gobierno, autoridades como el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, quienes las atribuyeron a “prácticas culturales”, lo que evidencia racismo y desconocimiento en las altas esferas del Estado.

Los Wampís y Awajún son pueblos originarios amazónicos que residen en el norte de Perú, enfrentando condiciones de extrema pobreza y constantes amenazas por la invasión de sus territorios por empresas extractivas. Desde hace más de dos décadas, se han reportado numerosos casos de violencia sexual contra niñas en sus comunidades, en especial en las escuelas rurales de Condorcanqui y Bagua. Estas agresiones han sido perpetradas principalmente por docentes, quienes han actuado con impunidad debido a la falta de justicia efectiva y a la práctica de arreglos económicos entre los agresores y las familias de las víctimas.

Lideresas como Belinda Jima y Rosemary Pioc Tena han denunciado estos crímenes, logrando visibilizar la gravedad del problema. En 2023, se documentaron 524 casos de violaciones cometidas por docentes en comunidades Wampís y Awajún, algunas de las cuales resultaron en embarazos adolescentes y contagios de VIH. A pesar de ello, la respuesta del Estado ha sido deficiente, con procesos administrativos que no han sancionado adecuadamente a los responsables.

Este caso revela una profunda crisis en la protección de los derechos de las niñas indígenas, marcada por la impunidad, la falta de apoyo institucional y la discriminación estructural.

 Las denuncias de las lideresas nativas han sido fundamentales para visibilizar estas injusticias y exigir reformas urgentes en el sistema educativo y judicial.

Más allá del daño físico y emocional a las víctimas, la violencia sexual tiene un impacto directo que se traduce en casos de embarazos adolescentes, la deserción escolar, truncando el futuro de muchas de ellas; y recientemente Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció que una niña víctima de abuso se suicidó. La falta de acceso a la justicia y a mecanismos de protección ha llevado a que algunas comunidades intenten generar sus propios procesos de justicia ante la ausencia del Estado.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), es necesario dar cuenta del alarmante panorama de violencia de género contra las mujeres en el país.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo en el mes de enero del 2025, se reportaron más de 500 denuncias por violencia, concentradas principalmente en regiones como Moquegua (111), Arequipa (108) y Apurímac (100). Esta realidad se traduce en graves afectaciones a los derechos de las mujeres y hace imperativo examinar y dar respuesta a los persistentes desafíos en la lucha contra esta problemática.

Según el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron casos distribuidos de la siguiente manera: 140 833 en 2021, 133 436 en 2022, 142 182 en 2023, 142 144 en 2024, y, en enero de este año, 12 423. De forma común a dichos casos, los principales tipos de violencia experimentada fueron la psicológica y la física; además, la mayoría de las víctimas de violencia mantenían un vínculo de pareja con las presuntas personas agresoras, y el nivel de riesgo reportado fue moderado.

A pesar de los esfuerzos para fortalecer el marco legal y las políticas dirigidas a contrarrestar la violencia de género, la implementación de estos mecanismos son insuficientes. La Ley N° 30364, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sigue enfrentando limitaciones en su aplicación efectiva. Además, el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) presenta retrasos significativos en su ejecución, funcionando solo en ocho de los 34 distritos judiciales.

Es urgente que las autoridades, en lugar de limitarse a la elaboración de reportes, actúen de manera efectiva y coordinada con las comunidades para erradicar esta crisis de violencia de género.

La impunidad no puede seguir siendo la norma en nuestro país. Es momento de que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la protección de niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad, especialmente de aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad.