Gisele Ccanto, integrante del Consejo Consultivo de Adolescentes y jóvenes de Quinta Ola
En nuestro país, más de mil mujeres abortan cada día, la mayoría en condiciones inseguras. La criminalización no evita esta realidad: solo expone a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad a la clandestinidad, la estigmatización y el riesgo de muerte.
Legalizar el aborto es una cuestión de justicia social, salud pública y dignidad humana.
Desigualdad socioeconómica, acceso al aborto y criminalización
Durante el 2024, se registraron 1,066 casos de niñas menores de 14 años que fueron forzadas a convertirse en madres y en lo que va del presente año, el Sistema en Línea del Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) ya reporta 604 casos en todo el país (Consulta Dinámica, 2025). A esta realidad se suma otra igual de alarmante: se estima que mil mujeres abortan cada día, muchas de ellas en condiciones clandestinas y sin acceso a atención médica segura (Poder Judicial del Perú, 2023).
Estas cifras no son solo estadísticas: representan historias de dolor, miedo y resiliencia que ocurren todos los días. Entre la clandestinidad y la amenaza de cárcel, miles de mujeres peruanas luchan por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, exigiendo atención y acción inmediata.
En Perú, el acceso a servicios de aborto seguro está marcado por profundas desigualdades socioeconómicas y geográficas. Mientras que las mujeres en áreas urbanas y con mayores recursos pueden acceder a servicios de aborto seguro y confidencial, aquellas que viven en zonas rurales o de bajos ingresos enfrentan múltiples barreras, como falta de información, infraestructura insuficiente y costos elevados (INEI, 2025).
Además, la criminalización del aborto agrava esta desigualdad, ya que las mujeres pobres y jóvenes son las más vulnerables a enfrentar procesos legales y estigmatización social (Proyecta Igualdad, 2025). Un estudio de Promsex (2019) evidencia que estas limitaciones obligan a muchas mujeres a recurrir a prácticas clandestinas y peligrosas, poniendo en riesgo su salud y su vida, mientras que las mujeres con mayor acceso económico logran realizar abortos seguros y sin persecución legal, perpetuando así un ciclo de desigualdad social y sanitaria (Promsex, 2019).
La criminalización del aborto en Perú no solo vulnera derechos fundamentales, sino que genera consecuencias legales graves para las mujeres que recurren a este procedimiento, incluso en casos de violación o riesgo para su salud.
Un estudio de Proyecta Igualdad documentó que entre 2012 y 2022, 9,962 mujeres fueron investigadas por delitos relacionados con aborto, de las cuales 9,845 correspondían a autoaborto, es decir, intentos de interrumpir su propio embarazo (Proyecto Igualdad, 2025). Estas mujeres enfrentaron procesos judiciales prolongados, en promedio 32 meses, y más de la mitad recibieron condenas, a pesar de que muchas veces no había riesgo vital para su salud (Proyecta Igualdad, 2025).
Además, la ley obliga al personal médico y asistencial a denunciar cualquier “indicio de aborto criminal”, ya que podrían ser acusados de encubrimiento o complicidad en un delito, especialmente en los casos en que la víctima fallece (Salazar, 2019), convirtiendo al sistema de salud en un engranaje de criminalización que disuade a las mujeres de buscar atención médica segura (Ley General de Salud, Art. 30; Proyecta Igualdad, 2025). Este escenario crea un clima de miedo y estigmatización que afecta desproporcionadamente a adolescentes, mujeres jóvenes y poblaciones vulnerables, perpetuando la desigualdad y el riesgo de mortalidad materna (UNFPA, 2023).
Aborto como tema de salud pública y justicia social
El aborto constituye un asunto central de salud pública, ya que su criminalización obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su vida y bienestar. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, 2025), aproximadamente 19% de mujeres en edad reproductiva han interrumpido un embarazo en algún momento, lo que evidencia que la práctica existe independientemente de la legalidad. Sin embargo, la falta de acceso seguro y legal incrementa la mortalidad materna, complicaciones obstétricas y riesgos psicológicos, especialmente en adolescentes y mujeres de bajos recursos (Proyecto Igualdad, 2025). Además, la criminalización y el estigma obstaculizan la educación sexual integral y la planificación familiar, perpetuando desigualdades sociales y limitando la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos (UNFPA, 2023).
Garantizar el aborto legal y seguro no solo protege la salud física y mental de quienes lo necesitan, sino que constituye una medida de justicia social que reconoce la igualdad y derechos de todas las personas gestantes, sin importar su origen o condición económica.
Impacto psicológico y social intergeneracional de la criminalización
La criminalización del aborto no solo afecta a las mujeres que buscan este servicio, sino que también tiene repercusiones psicológicas y sociales que se transmiten a las generaciones futuras. Las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, exacerbados por el miedo a la persecución legal y la estigmatización social (Guttmacher Institute, 2022). Estas experiencias traumáticas pueden afectar la salud mental de sus hijos e hijas, perpetuando ciclos de violencia y exclusión social (Goldberg, 2012). Además, la criminalización del aborto refuerza las desigualdades estructurales, limitando el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a la participación política, lo que afecta negativamente su bienestar y el de sus familias (World Health Organization, 2012).
En conclusión, la realidad del aborto en Perú refleja profundas injusticias sociales y desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres de bajos recursos. La criminalización no detiene la práctica del aborto, sino que la empuja a la clandestinidad, exponiendo a miles de mujeres a riesgos graves para su salud física y mental. Garantizar el acceso al aborto legal y seguro no es solo una medida de salud pública, sino un acto de justicia social que protege derechos fundamentales y rompe ciclos de exclusión y desigualdad (OMS, 2022).
Frente a estas adversidades, la resiliencia de mujeres y comunidades que luchan por su derecho a decidir evidencia la urgencia de políticas públicas inclusivas y de un Estado que respalde y garantice estos derechos.
El aborto legal, seguro y accesible es una herramienta clave para construir un Perú más equitativo, donde todas las personas puedan ejercer autonomía sobre su cuerpo y proyectar un futuro con dignidad.
Fuentes
- Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2024). Cada día doce niñas quedan embarazadas en el Perú. https://peru.unfpa.org/es/news/embarazoadolescenteperu2024
- Consulta Dinámica – Madre. (2025). Minsa.gob.pe. https://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwmadrenew.aspx
- Poder Judicial del Perú (2023). Estiman que en nuestro país existen alrededor de mil mujeres que abortan cada día. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ajpvyjc/s_ajpvcyjc/as_noticia/cs_n_estiman_que_en_nuestro_pais_existen_alrededor_de_mil_mujeres_que_abortan_cada_dia
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2025). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024 (ENDES). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8133969/6813623-resumen-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2024.pdf?v=1748450712
- Proyecta Igualdad (2025). La crueldad hecha rutina: Criminalización del aborto en Perú. https://saludsinmiedosperu.proyectaigualdad.org
- Promsex. (2019). El aborto en cifras: Encuesta a mujeres en el Perú. https://promsex.org/wp-content/uploads/2019/02/EncuestaAbortoDiptico.pdf
- Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2023). Informe de 2022-2023. https://www.unfpa.org/es/2022-2023-report
- Salazar, E. (2019). Ojo Público. https://ojo-publico.com/1223/ninas-criminalizadas-sala-emergencias
- Ley General de Salud, Art. 30, Perú.
- Guttmacher Institute (2022). Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide. Guttmacher Institute. https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide
- Goldberg, J. (2012). Es hora de actuar / Center For Reproductive Rights. https://reproductiverights.org/es-hora-de-actuar
- World Health Organization (2012). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, 2nd ed.. World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/70914
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Aborto. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abortion