Annia Delgado, integrante del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de Quinta Ola
En el 2025, alrededor de 16, 120 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual y psicológica en el Perú, siendo estas las modalidades que concentran la mayor cantidad de denuncias por abuso infantil (Warmi Ñan, 2025). Esta cifra no solo evidencia la persistencia de un problema estructural, sino también la profunda incapacidad del Estado peruano para garantizar una protección efectiva a las infancias y adolescencias, quienes continúan expuestas a múltiples formas de violencia en sus hogares, escuelas, comunidades y espacios digitales.
Lejos de responder a esta urgencia, el Congreso de la República, a iniciativa de la parlamentaria Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular), aprobó el pasado jueves 19 de noviembre (con 79 votos a favor) una ley que elimina el enfoque de “igualdad de género” y lo reemplaza por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. La misma norma también sustituye la Educación Sexual Integral (ESI) por una enseñanza basada únicamente en criterios “científicos, biológicos y éticos” (RPP, 2025).
Esta decisión afecta directamente a mujeres, niñas y adolescentes,
pues limita y debilita herramientas fundamentales de protección
ampliamente respaldadas por organizaciones de derechos humanos,
colectivos feministas, especialistas en políticas públicas
y entidades de defensa de la niñez.
Este cambio legislativo constituye un retroceso grave, pues reduce la capacidad del Estado para identificar y enfrentar las desigualdades estructurales que sostienen la violencia de género.
Sin un enfoque de género, se corre el riesgo de invisibilizar los patrones
sistémicos que explican por qué la mayoría de víctimas
de violencia sexual son niñas y adolescentes mujeres.
Asimismo, la eliminación de la ESI priva a las infancias del acceso a información clave sobre consentimiento, prevención de riesgos, derechos sexuales y reproductivos y rutas de denuncia, incrementando su vulnerabilidad frente a agresores que se aprovechan del desconocimiento, la dependencia económica, el miedo o el silencio impuesto por entornos violentos. Una vez más, el Congreso amplía la lista de decisiones legislativas que generan condiciones propicias para la impunidad y la continuidad de estos delitos, consolidando lo que diversos colectivos ya denominan leyes “PRO- CRIMENES”.
La situación es aún más crítica en contextos rurales y urbano-marginales, donde el acceso a servicios de salud mental, orientación legal, educación de calidad y acompañamiento comunitario es limitado. Allí, la ausencia de presencia estatal efectiva perpetúa ciclos de violencia y revictimización. Esta falta de respuesta no solo se refleja en la escasez de programas de prevención, sino también en la insuficiente cantidad de refugios, la débil capacitación del personal de justicia y salud, y la precariedad de los sistemas de seguimiento y sanción.
Ante este panorama, resulta urgente que el Estado peruano fortalezca ,en lugar de desmantelar, las políticas de protección. Ello implica articular esfuerzos intersectoriales que incluyan la implementación de enfoques de género y de derechos, la formación especializada de operadores públicos, la creación de servicios accesibles y culturalmente pertinentes, la ampliación de la Educación Sexual Integral y el fortalecimiento de mecanismos de justicia que eviten la revictimización y garanticen respuestas rápidas y eficaces.
La protección de niñas y adolescentes no es solo un mandato derivado de tratados internacionales y marcos legales nacionales, sino una responsabilidad ética ineludible que define la calidad democrática del país. Y resulta especialmente doloroso que este retroceso ocurra justamente en el mes de la lucha contra la violencia hacia la mujer, convirtiéndose en una afrenta a los esfuerzos históricos de colectivos, activistas y organizaciones que llevan décadas demandando leyes que protejan y respalden a las infancias y mujeres.
Un Estado que descuida a sus infancias perpetúa desigualdad y dolor; un Estado que las protege, escucha y acompaña construye las bases de una sociedad más justa, segura y libre de violencias para las generaciones presentes y futuras.
Fuente
- Congreso aprueba ley que elimina la “igualdad de género” y la reemplazó por “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. RPP. https://rpp.pe/politica/congreso/congreso-aprueba-ley-que-elimina-la-igualdad-de-genero-y-la-reemplazo-por-igualdad-de-oportunidades-noticia-1664666?ref=rpp