Autora: Elaine Sandoval, activista juvenil de Trujillo

La reciente modificación de la guía de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal en Perú representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos y salud pública.

Eliminar la salud mental y la violación sexual como causales explícitas para la interrupción legal del embarazo no es una simple cuestión técnica, sino una decisión política que ignora la evidencia, la jurisprudencia internacional y la realidad de miles de niñas y adolescentes en el Perú, donde en los primeros seis meses de 2025, los CEM atendieron 6 677 casos de violación sexual, lo que sugiere que el año podría cerrar con más de 13 000 denuncias, superando el récord de 2024.

Esta reforma, impulsada por sectores conservadores del Congreso como Renovación Popular y defendida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, se justifica bajo el argumento de “adecuar” el protocolo a la normativa nacional, señalando que las causales eliminadas eran “irregulares” o “inconstitucionales”. Sin embargo, la propia ley peruana, en su artículo 119 del Código Penal, permite el aborto terapéutico para evitar un “mal grave y permanente” en la salud de la gestante, sin restringirlo exclusivamente a lo físico, y la doctrina médica internacional, avalada por la OMS y la ONU,  sostiene que la salud incluye el bienestar físico, mental y social.

La magnitud del problema es innegable

Cada año, según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, al menos 1,500 niñas menores de 14 años son obligadas a continuar embarazos, todas víctimas de violación según la ley. La mitad de los embarazos por violación documentados en los últimos años corresponden a niñas, cuyos cuerpos no están preparados para gestar y que enfrentan un riesgo de muerte hasta cuatro veces mayor que una mujer adulta. El embarazo adolescente afecta al 12.6% de las jóvenes peruanas de 15 a 19 años, con tasas que superan el 20% en regiones amazónicas, y la mortalidad materna en menores de 17 años ha aumentado al 8% en 2023.

Obligar a una niña violada a continuar un embarazo no es proteger la vida: es condenarla a la pobreza, la deserción escolar, a un grave impacto en su salud mental y, en demasiados casos, la muerte o el suicidio.

El caso de Camila, una niña indígena forzada a continuar un embarazo producto de violación, motivó la condena internacional del Estado peruano por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que instó a garantizar el acceso al aborto en casos de embarazo infantil, algo que el Estado sigue sin cumplir.

La exclusión de la salud mental como causal válida para el aborto terapéutico va en contra de las recomendaciones de la OMS y la ONU, que han advertido que negar el acceso al aborto en casos de embarazo infantil o por violación puede constituir tortura y trato inhumano.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Perú, obliga al Estado a garantizar el acceso igualitario a servicios de salud, incluida la salud mental y reproductiva. Limitar la interpretación de “salud” a lo estrictamente físico es arbitrario y contrario a la protección integral de derechos humanos. Además, la anterior guía, respaldada por nueve sociedades científicas y el Colegio Médico del Perú, reconocía el daño psicológico severo que puede causar forzar una maternidad tras una violación o frente a malformaciones fetales incompatibles con la vida, dando mayor certidumbre a los médicos y facilitando la atención de menores en estado crítico.

Quitar estas herramientas no deroga la ley, pero sí restringe el acceso y deja a las más vulnerables sin respaldo legal ni clínico.

La modificación de la guía de aborto terapéutico en el Perú no puede entenderse solo en clave doméstica. El país se está alineando con una tendencia regional de endurecimiento de las políticas reproductivas, desoyendo los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y organismos multilaterales.La eliminación de la violación sexual y el daño a la salud mental como causales de aborto terapéutico contradice las recomendaciones de la ONU y UNICEF, que insisten en la necesidad de proteger a las niñas y adolescentes frente a embarazos forzados, especialmente en contextos de violencia sexual.

UNFPA advierte que el embarazo infantil y adolescente perpetúa la pobreza y la desigualdad, incrementando el riesgo de exclusión social y abandono escolar: 8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonaron la escuela (MINEDU). Reportes sistematizados por UNICEF, a partir de las cifras del MIMP, revelan que -en el 2021- el 90.4% de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual no recibieron tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico cuando acudieron a los CEM.

En el escenario internacional, esta decisión de eliminar la salud mental como causal de aborto terapéutico debilita la imagen de Perú como país comprometido con los derechos humanos y la protección de la infancia, y puede afectar la cooperación y el respaldo de agencias multilaterales. Justificar la reforma únicamente en la “adecuación” a la normativa interna ignora el deber de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente cuando están en juego las vidas y el futuro de las niñas y adolescentes más vulnerables del país.

Fuentes

1. Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud, Defensoría del Pueblo y UNFPA. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf

2. 1500 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en Perú y el Estado recorta acceso al aborto terapéutico, Infobae. https://www.infobae.com/peru/2025/06/27/1500-ninas-menores-de-14-anos-dan-a-luz-cada-ano-en-peru-y-el-estado-recorta-acceso-al-aborto-terapeutico/

3. Perú: maternidad en niñas entre 10 y 14 años creció 40% entre 2020 y 2022, UNFPA. https://peru.unfpa.org/es/news/embarazoadolescenteperu2023