La educación siendo refugiados y migrantes: un derecho en disputa

Autora: María (15 años), estudiante y activista por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes refugiados y migrantes. Miembra de la red de activistas de Quinta Ola.

Derechos Humanos, algo universal y obligatorio que todas las personas tenemos ¿O no? Probablemente no, cuando se trata de refugiadas y migrantes, sobre todo, en la niñez y juventud.

De acuerdo a cifras de ACNUR (1), más de 1,5 millones de personas venezolanas han llegado al Perú y más de 532.000 han solicitado la condición de refugiado. Esto hace al Perú el país con mayor número de personas venezolanas acogidas por la necesidad de protección internacional y el segundo destino de personas refugiadas y migrantes de Venezuela a nivel mundial. De este grupo, según IDEH PUCP (2), aproximadamente 142 mil son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes viajan junto a sus familias o de manera independiente, para buscar mejores oportunidades y alcanzar sus sueños.

Desde temprana edad, como personas refugiadas y migrantes hemos tenido que adaptarnos al cambio de país, cultura, amistades, trabajo, colegios, además de dejar atrás nuestros hogares, proyectos de vida y sobre todo a nuestras familias.  Hacemos esta travesía porque en nuestro país de origen no nos brindan los servicios básicos ni las oportunidades suficientes para poder tener un presente digno y futuro diferente. Además, como niñas, niños y adolescentes, en Venezuela, no tenemos espacios de participación ciudadana donde podamos exponer los problemas que tenemos que afrontar dentro de la crisis nacional, y solamente las personas de clase media y alta pueden tener acceso a una educación decente, a través de colegios privados.

Actualmente, las niñas, niños y adolescentes refugiadxs y migrantes en el Perú enfrentan muchos obstáculos y vulneraciones para ejercer sus derechos.

Algunos de estos son el derecho a la no discriminación, a vivir una vida plena y libre de violencia, a la salud y sobre todo el derecho a recibir una educación integral.

De acuerdo con la UNICEF (3), la educación es un derecho básico que nos proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarnos como adultos, además de que nos da herramientas para conocer y ejercer otros derechos. Aparte de ello, a las niñas y adolescentes nos sirve como una oportunidad de empoderamiento para así poder demostrar que podemos crear un camino valiéndonos por nosotras mismas, donde rompamos con los roles impuestos por la sociedad y demostremos que no somos seres inferiores solo por ser mujeres y jóvenes.

Sin embargo, este derecho se ve constantemente vulnerado para las niñas, niños y adolescentes, especialmente si somos refugiadas y migrantes. Puesto que, según el estudio realizado por la organización Save The Children (4), se puede confirmar que 1 de cada 10 niñxs declaró haber sufrido discriminación por parte de los administradores de las escuelas, lo que les impidió poder ingresar y continuar con sus estudios.

En ese marco, no solo afrontamos discriminación por parte del personal administrativo, sino también por nuestros propios compañeros y compañeras de colegio. En un reportaje de El Comercio (5) sobre la xenofobia en espacios escolares, “Byron”, un niño de 10 años cuenta su testimonio sobre el bullying xenofóbico que vive:  “Me critican por la ropa que uso, por como hablo, por el color de mis manos, al inicio pensé que jugaban conmigo, pero luego ya era incómodo”.

Además de ello, la familia de Byron comenta que a veces les da vergüenza exigir cosas en el colegio porque sienten que “no están en su derecho”, algo que ni siquiera deberían de tener que cuestionarse, porque todos las niñas, niños y adolescentes estamos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.  Este tratado que ha sido firmado por los 196 Estados reconocidos en la ONU garantiza que las niñas, niños y adolescentes refugiadas y migrantes tengamos los mismos derechos que las personas de nuestro país de acogida y ante ello, es obligación del Estado priorizar nuestra educación.

Quizás a la gran mayoría le pueda parecer algo insólito el caso de Byron, pero realmente, esto es parte de una cruda realidad. Hay colegios e instituciones donde no se puede acceder a la educación así tengas todos tus documentos en regla, por la excusa de que “no aceptan extranjeros”, un discurso avalado de xenofobia pura, y una violación de nuestros derechos fundamentales.

Por dichos motivos, las familias refugiadas y migrantes no tienen que sentir vergüenza o que están fuera de lugar por querer defender los derechos fundamentales de sus hijas e hijos.

Puesto que, todas las niñas, niños y adolescentes merecemos recibir una educación de calidad y trato sin distinción.

Así que le recordamos a las autoridades, que es su deber garantizar nuestro derecho a la educación, que es parte de nuestros derechos fundamentales avalados por la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Somos el presente y el futuro, podemos generar cambios positivos no solo para el Perú, sino para el mundo. ¡Basta de xenofobia! ¡Basta de adultocentrismo! Merecemos ejercer nuestros derechos como todas las personas.

BIBLIOGRAFÍA: