En el día del Refugiado: Una reflexión como joven migrante

Autora: Axlyn (17 años), activista por los derechos de los NNA , por los derechos de igualdad de género y  los derechos de la población migrante y refugiada.

En el año 2016, se registró la primera ola de migración de familias desplazadas y refugiadas de Venezuela, esta gran movilización de personas levantaría las alertas de las naciones suramericanas para tratar de proveer los derechos básicos de estas personas que huían del hambre y la represión de nuestro país.  Perú representaba para nosotros los y las migrantes y refugiadas una ruta de oportunidades laborales y de calidad de vida, además que su economía proporcionó a grupos de familias enteras sustento y la estabilidad que perdimos en nuestro país.

El Perú, se volvió el segundo país a nivel mundial con más migrantes y refugiados venezolanos. Esto generó diversos cambios que no solo impactaron a la sociedad de acogida, sino también a esta nueva población que buscaba adaptase e incluirse en esta nueva cultura, generando expectativas y dudas en la población en general.

En los años subsiguientes las políticas de migración se reformularon para filtrar el ingreso de la comunidad venezolana, solicitándoles así visa Humanitaria para la entrada legal al Perú. Está medida fue insuficiente para las fechas donde la pandemia hacia estragos a nivel mundial; se registraba en aquel entonces la 3era gran ola de desplazados y esta vez sin control pese al cierre de las fronteras impuesto por el gobierno del Expresidente Vizcarra.

Se sabe que actualmente Perú acoge un aproximado de 1.320.000 personas migrantes y refugiadas venezolanas y gracias al Instituto Nacional de Estadística y Informática  (INEI) dio a conocer que: “Según los resultados de la II Encuesta dirigida a la Población Venezolana (II ENPOVE), donde se dice que el 57.4% de la población  migrante y refugiada circulan entre las edades de 20 a 49 años, el 6,4% tiene entre 15 a 19 años y 28.3% entre 0 a 14 años  de edad”.

Al menos el 14% de la población migrante de NNA no está matriculada en las escuelas según un informe realizado por Equilibrium CenDE.

El acceso al sistema educativo es una de las principales problemáticas que vivimos como migrantes y refugiados.

Si bien el tener una educación gratuita y de calidad es un derecho universal e inalienable, para nosotros los y las migrantes y refugiadas es limitada, ya sea por diversas causas como la falta de cupos en las instituciones públicas debido a la sobrepoblación, el sesgo de acceso por nacionalidad, y/o la falta de estabilidad económica de las familias de las niñas, niños y adolescentes (NNA). Por si fuera poco, esta situación es aún más complicada cuando hablamos de acceso a estudios superiores.

“La II ENPOVE evidenció que el 19,2% de la PEA refugiada y migrante de Venezuela en el Perú que se encuentra ocupada tiene contrato laboral, mientras que, el 80,8% trabaja sin contrato”. En el ámbito laboral el acceso a beneficios contemplados en la ley es restringido para la mayoría de nosotros las y los venezolanos quienes estamos limitados a la informalidad en las empresas, estamos condicionados a trabajar bajó el marco de la informalidad, vulnerables al acoso, a la desigualdad de género y al abuso laboral, debido a que la mayoría de los empleadores se aprovecha de nuestras necesidades y al desconocimiento de  nuestro derechos laborales.            

Esto habla de la enorme brecha de desigualdad que existe aún en la legislación peruana. A pesar de los esfuerzos que pudieran realizarse, sigue existiendo esa incertidumbre para la población refugiada y migrante.

El futuro académico de cientos de NNA es un juego de azar debido a la descoordinación entre los organismos gubernamentales y las instituciones educativas, en cuanto a la recepción de documentos y los retrasos de regularización migratoria haciendo. Si logramos concluir la educación secundaria, pasamos un segundo camino de retos y obstáculos administrativos: la educación universitaria.

Las personas refugiadas y migrantes venimos a sumar y a seguir construyendo un Perú más justo y económicamente activo. Para esto, requerimos un sistema que nos incluya y brinde oportunidades educativas y laborales, en el marco de nuestros derechos fundamentales.

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