Gisele Ariana Ccanto Rafael,  integrante del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de Quinta Ola
Gianina Marquez, cofundadora Quinta Ola

En el Perú, cada día se reportan cerca de 30 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.¹ Hasta octubre de 2025, el Ministerio de Salud había atendido aproximadamente 9.800 casos de abuso sexual contra menores, y los Centros de Emergencia Mujer más de 18.000.² Más del 90% de las víctimas son mujeres.³ En el 70% de los casos, el agresor es alguien del entorno cercano: un familiar, un vecino, un profesor.⁴ La violencia sexual contra niñas y adolescentes en el Perú ocurre en los espacios que deberían protegerlas.

En Condorcanqui, provincia de Amazonas, más de 800 niñas y adolescentes awajún y wampis han denunciado violencia sexual desde 2010, la mayoría perpetrada por docentes que usaron su posición institucional para agredir en territorios donde el Estado llega poco y la denuncia cuesta demasiado.⁵ En 2025, se registraron 253 nuevos casos de VIH en la provincia, vinculados directamente a esa violencia.⁶ La respuesta del sistema fue trasladar a los docentes acusados a otras escuelas. Las cámaras Gesell para tomar testimonios de niñas víctimas operaron de manera limitada. Y en febrero de 2026, mientras cientos de niñas esperaban justicia, el Ministerio Público desactivó las fiscalías especializadas y unidades médico-legales en Nieva, Yutupis y Huampami, argumentando falta de presupuesto.⁷ Desmanteló los únicos mecanismos que podían dársela.

Esa violencia deja consecuencias documentadas y silenciadas al mismo tiempo. En 2025, 993 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en el Perú.⁸ En Ayacucho, una de ellas tenía 10 años. En enero de 2026, la cifra ya superaba los 40 casos nuevos, incluyendo al menos una niña obligada a convivir con su agresor.⁹ Bajo el Código Penal peruano, todo acto sexual con una menor de 14 años es violación. Cada uno de esos 993 partos es la evidencia de un crimen y de un Estado que no llegó a tiempo, o que decidió no llegar.

La congresista Milagros Jáuregui dirige “La Casa del Padre”, un refugio donde niñas de entre 10 y 13 años, sobrevivientes de violencia sexual, son acogidas para llevar sus embarazos hasta el parto. Según sus propias declaraciones, “todas las chicas nos las entrega el Ministerio de la Mujer”.¹⁰ Entidades del Estado están canalizando a niñas sobrevivientes de violación hacia un espacio que las obliga a maternar, negándoles atención integral y acceso a los procedimientos legales que protegen su vida y su salud. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha equiparado la negativa al aborto terapéutico a tortura.¹¹ Esto tiene un nombre: violencia institucional.

El panorama es de desprotección estructural: una sociedad donde 75.7% de la población tolera la violencia contra las mujeres y 56.5% de los hombres justifica la violación,¹² donde las fiscalías se cierran, donde los docentes agresores se trasladan, donde una congresista usa su poder para obligar a niñas a ser madres, y donde el aborto terapéutico sigue siendo inaccesible para quienes más lo necesitan. La voluntad política para hacer cumplir esas normas está ausente, y hay personas con poder que lo usan para negar derechos.

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, junto con las unidades médico-legales del Ministerio Público constituyen el punto de entrada al sistema de justicia penal en casos de violencia sexual en el Perú. Son las instancias encargadas de recibir denuncias, dirigir la investigación, recoger pruebas y realizar peritajes médico-legales y psicológicos que permiten sostener un caso en el tiempo.¹³ En un país donde se registra una denuncia de violación sexual aproximadamente cada 40 minutos y donde el subregistro es reconocido como un problema estructural,¹⁴ su funcionamiento define si una denuncia puede convertirse en un proceso judicial o quedar descartada desde el inicio. Sin peritajes oportunos, sin toma adecuada de testimonios y sin investigación especializada, el sistema no puede operar.

Esta función se inscribe en una ruta de acceso a justicia que, en la práctica, depende de cada uno de sus eslabones: la denuncia, la certificación médico-legal, la investigación fiscal, las medidas de protección y la judicialización del caso. En el Perú, esa ruta está atravesada por brechas estructurales. La Defensoría del Pueblo ha advertido que las barreras geográficas, económicas y lingüísticas restringen el acceso a justicia en zonas rurales e indígenas, donde la presencia institucional es limitada o inexistente.¹⁵ En esos territorios, estas instancias representan su única posibilidad de existir.

Lo ocurrido en Condorcanqui es la expresión más visible de estas fallas estructurales. La desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en Nieva, Yutupis y Huampami, bajo el argumento de falta de presupuesto, interrumpió directamente esa ruta de acceso a justicia. En un sistema donde menos del 1% de las denuncias por violación sexual obtiene una sentencia firme,¹⁶ retirar los principales puntos de atención en territorios ya excluidos tiene consecuencias concretas: menos denuncias que se formalizan, menos casos que avanzan, más procesos que se pierden antes de empezar

Lo que desaparece con estos servicios es la posibilidad misma de sostener un caso. Se pierde la realización de peritajes dentro de los plazos necesarios para que tengan validez probatoria; se pierde la toma de testimonios en condiciones que eviten la revictimización; se pierde la articulación institucional que permite dictar medidas de protección y acompañar a las víctimas durante el proceso.¹⁷ Sin evidencia médico-legal oportuna, los casos se caen. Sin acompañamiento fiscal, no avanzan. En la práctica, la carga del acceso a justicia se traslada a las víctimas, quienes deben recorrer largas distancias, asumir costos económicos y enfrentar mayores riesgos para denunciar. Para muchas, esa barrera es definitiva.

La desactivación de estos servicios en territorios ya excluidos es una forma concreta de exclusión del sistema de justicia. Donde el Estado se retira, los casos desaparecen.
Y donde no hay justicia, la violencia se repite.

DEFENDAMOS NUESTRO DERECHO A LA JUSTICIA CON NUESTRO VOTO

El Congreso que termina su mandato en 2026 registra con claridad dónde están parados algunos de sus miembros respecto a las víctimas de violencia. En junio de 2025, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó el Proyecto de Ley 11561/2024-CR, que propone penas de tres a seis años de prisión para mujeres que presenten denuncias de violencia que luego no resulten en condena.¹⁸ La iniciativa fue respaldada por sus colegas de bancada Milagros Jáuregui, Patricia Chirinos, Norma Yarrow, Esdras Medina, Miguel Ciccia, Noelia Herrera, Jorge Zeballos y Cheryl Trigozo. El argumento de Muñante: que la Ley 30364 (la principal norma de protección frente a la violencia de género) ha sido usada de manera “fraudulenta” por mujeres para perjudicar a hombres inocentes.

La baja tasa de sentencias en casos de violencia de género refleja las fallas del propio sistema de justicia para investigar y sancionar: barreras probatorias, revictimización, falta de fiscales especializados. Criminalizar la denuncia en ese contexto produce un solo resultado: más mujeres que callan. Organizaciones como Promsex, Amnistía Internacional, DEMUS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto: la propuesta debilita la Ley 30364 y constituye una amenaza directa al derecho de las mujeres a acceder a justicia.¹⁹ Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, fue directa: “Quien la suscriba o la apoye está, definitivamente, del lado de los agresores.”²⁰

La asignación de presupuesto es una decisión política que define qué problemas se atienden y cuáles se relegan. En el Perú, el programa presupuestal orientado a la reducción de la violencia contra la mujer concentra recursos significativamente menores en comparación con el gasto público total, pese a que más del 60% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.²¹ El país cuenta con alrededor de 430 Centros de Emergencia Mujer para todo el territorio, con brechas especialmente críticas en zonas rurales y amazónicas.²²

Esa brecha tiene consecuencias concretas. Las fiscalías especializadas y unidades médico-legales no han crecido al ritmo de las denuncias, generando un sistema sobrecargado, con menos peritajes oportunos, más demoras y más casos que no logran sostenerse. En un sistema donde la impunidad es la norma, la asignación presupuestal define quién accede a justicia y quién queda fuera

De cara a las elecciones, esto exige preguntas concretas a cada candidatura: ¿Qué propone para garantizar la presencia de fiscalías especializadas en todo el territorio? ¿Cómo financiará el funcionamiento continuo de unidades médico-legales en zonas rurales? ¿Se compromete a aumentar el presupuesto destinado a la atención de víctimas? ¿Qué mecanismos plantea para asegurar que ese presupuesto se ejecute? Estas son condiciones mínimas para que el acceso a la justicia no dependa del lugar donde se vive.

Cuando votamos, estamos eligiendo quién decide si las fiscalías especializadas existen o se cierran, si el presupuesto para atender la violencia se defiende o se recorta, si una niña awajún tiene acceso a justicia o si su caso se pierde antes de empezar. Las mujeres organizadas de Condorcanqui llevan más de una década exigiendo justicia con su cuerpo, su voz y su vida. El voto informado es una de las formas en que podemos acompañar esa exigencia desde donde estamos.

Fuentes en orden de aparición:

1. UNICEF (2022). Cada día 30 niñas, niños y adolescentes sufren violencia sexual en el Perú. Agencia Peruana de Noticias Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-unicef-cada-dia-30-ninas-ninos-y-adolescentes-sufren-violencia-sexual-el-peru-916791.aspx
2. Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2025). Estadísticas de atención a casos de violencia sexual enero-octubre 2025.
3. MIMP (2025). Estadísticas del Programa Aurora / Centros de Emergencia Mujer. https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php
4. Defensoría del Pueblo (2024). Registro de denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, enero-noviembre 2024.
5. CAAAP (2026, 10 de marzo). “Nuestras niñas claman justicia”: lideresas awajún y wampis denuncian en Lima crisis de violencia sexual en Condorcanqui. https://caaap.org.pe/2026/03/11/nuestras-ninas-claman-justicia-lideresas-awajun-y-wampis-denuncian-en-lima-crisis-de-violencia-sexual-en-condorcanqui/ — complementar con: Lazo, R.; Llacsahuanga, R. & León, E. (2017). Desenrollando la Madeja de la Impunidad. Rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Lima: MINEDU.
6. Red Integral de Salud de Condorcanqui (2025), citado en CAAAP (2026, 10 de marzo). Op. cit.
7. Infobae Perú (2026, 10 de febrero). “La justicia no llega al territorio”: denuncian impunidad en casos de violencia sexual contra niñas awajún. https://www.infobae.com/peru/2026/02/10/la-justicia-no-llega-al-territorio-denuncian-impunidad-en-casos-de-violencia-sexual-contra-ninas-awajun/
8. Wayka (2026, 16 de enero). Embarazo adolescente: 993 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en 2025. https://wayka.pe/embarazo-adolescente-993-ninas-menores-de-14-anos-fueron-obligadas-a-ser-madres-en-2025/ — basado en datos del Ministerio de Salud (MINSA), Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), 2025.
9. Ministerio de Salud (MINSA). Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), enero 2026.
10.  Paucar, L. (2026, 12 de febrero). Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”. Infobae Perú. https://www.infobae.com/peru/2026/02/12/milagros-jauregui-rompe-con-renovacion-popular-y-acusa-a-la-cupula-de-buscar-frenar-su-candidatura-tengo-la-intuicion/
11. Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas. Observación General N°20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. / CIDH (2011). Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69.
12. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) / Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
13. Ministerio Público del Perú (2023). Organización institucional del Ministerio Público. https://www.gob.pe/institucion/mpfn/organizacion
14. La República (2026). Una violación sexual cada 40 minutos en Perú https://larepublica.pe/sociedad/2026/01/26/una-violacion-sexual-cada-40-minutos-en-peru-el-2025-fue-el-ano-con-mas-casos-registrados-ntpe-1513250
15.  Defensoría del Pueblo (2019). Supervisión de fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Supervisi%C3%B3n-Ministerio-P%C3%BAblico.pdf
16. El País (2026). Menos del 1% de denuncias por violencia sexual en Perú obtuvo sentencia firme. https://elpais.com/america/2026-02-08/menos-del-1-de-denuncias-por-violencia-sexual-en-peru-obtuvo-sentencia-firme.html
17. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019) Funciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/
18. Gestión (2025, 26 de junio). Congreso: Proponen cárcel por denuncias falsas de violencia. https://gestion.pe/peru/congreso-proponen-carcel-por-denuncias-falsas-de-violencia-y-sanciones-para-abogados-medicos-psicologos-o-peritos-por-manipulacion-de-documentos-noticia/Funciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/
19. IDEHPUCP (2025, 9 de julio). Los serios riesgos jurídicos y sociales en la propuesta del congresista Muñante. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/los-serios-riesgos-juridicos-y-sociales-en-la-propuesta-del-congresista-munante-para-sancionar-penalmente-las-denuncias-falsas-de-violencia/Funciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/
20. Wayka (2025, 24 de junio). Proyecto de Ley de Muñante busca criminalizar a las víctimas de violencia familiar. https://wayka.pe/proyecto-de-ley-de-munante-busca-criminalizar-a-la-victimas-de-violencia-familiar/Funciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/
21. Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable del Presupuesto Público (Programa 1002: reducción de la violencia contra la mujer). https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxFunciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/
22. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mapa de Centros de Emergencia Mujer. https://www.gob.pe/479-mapa-de-centros-emergencia-mujerFunciones y manual operativo. https://lpderecho.pe/manual-operaciones-instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-iml/